El objetivo de los servicios públicos es (era)
el aumento del nivel de bienestar a través de la satisfacción de las necesidades básicas, intentando ofrecer, con los recursos disponibles, la mayor calidad, a la mayor cantidad de personas.
Los recursos disponibles estaban basados en el principio de la redistribución de la riqueza a través de los impuestos: una contribución en función del nivel de ingresos. Desde diferentes gobiernos, favorables a la privatización, se está obstaculizando conscientemente el funcionamiento de los servicios públicos. Recortando los recursos disponibles, se baja la calidad del servicio, lo cual poco a poco genera malestar, y una mayor aceptación en la población de la ‘necesidad’ de la privatización.
Esta privatización tiene un objetivo doble: aumentar las posibilidades de beneficios para las empresas y disminuir la redistribución de la riqueza. Este último se traduce en mayores ingresos para la clase rica (menos impuestos). Así la clase ‘rica’ tiene doble ventaja: más beneficios y menos impuestos. La clase ‘pobre’ doble desventaja: mayores gastos (precio más alto para los servicios) y menos bienestar (menos calidad).
El objetivo de las empresas que ofrecen estos servicios es completamente distinto al objetivo original. Ahora es
el aumento del nivel de beneficios privados a través de la venta de productos y servicios de necesidad básica, intentando ofrecer aquellos productos con mayor margen de beneficio, a la mayor cantidad de personas con capacidad financiera.
Los políticos están al servicio de las empresas grandes. Su papel es clave: cuanto peor gestionan lo público, mayores beneficios para las empresas privadas. Por eso, después de prestar su servicio como político, son recibidos con buenas recompensas por las empresas.